Ministerio de Justicia

Reforma Procesal Civil

Sala de la Cámara inicia debate de proyecto de Nuevo Código Procesal Civil

Sala de la Cámara inicia debate de proyecto de Nuevo Código Procesal Civil

Dip. Jorge Burgos8

Valparaíso, 19 de diciembre

-          Presentó el proyecto el Diputado Jorge Burgos, de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, e intervinieron los parlamentarios Cristián Letelier(ind), Matías Walker (DC), Marisol Turres (UDI), Jorge  Sabag (DC) y Fuad Chahín (DC), quienes destacaron la transversalidad política de este proyecto, que se ha venido trabajando desde hace más ocho años y coincidieron en la necesidad de reformar los procedimientos civiles actuales.

-          Se espera para enero la votación del proyecto en sala, cerrando el primer trámite constitucional durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y continuando su tramitación en el gobierno de la presidenta electa, Michelle Bachelet, lo que da cuenta de la transversalidad de este proyecto, que comenzó hace más de ocho años.

Después de 18 meses de discusión y análisis en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, se inició el debate en sala del proyecto de nuevo Código Procesal Civil (NCPC), columna vertebral de la reforma pendiente en el sistema judicial chileno, que favorecerá y modernizará la forma en que los tribunales resuelven los conflictos civiles, los que ocupan cerca del 60 por ciento de las causas en los tribunales de justicia del país, como no pago de deudas, cobranzas, contratos, indemnizaciones, entre otras.

Tras las correspondientes sesiones de análisis del articulado, se espera la votación en sala para la primera quincena de enero del 2014, cerrando el primer trámite constitucional durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y continuando su tramitación en el gobierno de la presidenta electa, Michelle Bachelet, lo que da cuenta de la transversalidad de este proyecto, que comenzó hace más de ocho años.

Tras la presentación del proyecto, el Ministro (s) de Justicia, Juan Ignacio Piña destacó que la propuesta de Reforma Procesal Civil tiene una clara orientación hacia mejorar sustantivamente los derechos ciudadanos en relación con la justicia civil, tanto en materias de acceso y de calidad, como de oportunidad en la resolución de los conflictos.

En la sesión del hoy, el diputado Jorge Burgos, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, expuso a la sala los aspectos centrales del proyecto del código, que en 50 sesiones fue trabajado por el Ministerio de Justicia junto a connotados académicos y profesionales del derecho. Posteriormente intervinieron los parlamentarios Cristián Letelier(ind), Matías Walker (DC), Marisol Turres (UDI), Jorge  Sabag (DC) y Fuad Chaín (DC), quienes destacaron la transversalidad política de este proyecto, que se ha  venido trabajando desde hace más ocho años y coincidieron en la necesidad de reformar los procedimientos civiles actuales, regulados por un código de procedimiento vigente desde el año 1903.

PRINCIPALES ASPECTOS

Oralidad e Inmediación: un cambio fundamental que consagra esta reforma –que ya es realidad en la justicia penal, de familia y laboral- es la introducción preponderante de la oralidad en los procedimientos, lo que en la práctica significa que el juez se relacionará directamente con las partes en conflicto y con las pruebas que se rindan (inmediación). Esto es un cambio fundamental, dado que hasta ahora los juicios civiles se desarrollan completamente por escrito y los jueces toman conocimiento del conflicto, las partes y la prueba a través de intermediarios.

Mayores facultades para el juez: el proyecto de nuevo Código Procesal Civil consagra un cambio en lo que se refiere al actuar y poderes del juez en el proceso, quien deberá asumir un rol mucho más activo del que hoy le está conferido.

Simplificación de procedimientos: el proceso civil actual contempla más de veinte procedimientos en materias civiles, lo que complejiza y extiende los plazos para llegar a una resolución judicial. Con el nuevo código, éstos se reducen a sólo dos procedimientos declarativos y unos pocos especiales, lo que sumado a la incorporación de la oralidad, agilizará considerablemente los plazos.

Ejecución: los actuales juzgados civiles se dedican mayoritariamente a cobranzas de bancos y casas comerciales, lo que se traduce en labores administrativas y no propiamente jurisdiccionales. El nuevo código establece la creación del “Oficial de Ejecución”, encargado de llevar adelante todas las actuaciones de apremio, incluido el embargo. Además, se le faculta para buscar soluciones amigables entre las partes. Actualmente, si un acreedor exige el pago de una deuda, la ley ofrece un juicio ejecutivo para hacerlo efectivo, debiéndose recurrir a un abogado y a un procedimiento que puede demorar años. Con la reforma, este oficial será el encargado de llevar adelante las gestiones para el cobro de los créditos, bajo el control permanente del juez y sin necesidad de representación judicial.

Modernización y tecnologización del proceso: se promueve el uso de herramientas tecnológicas, como carpetas y formularios electrónicos, grabación de las audiencias en audio y video, interrogatorios a distancia, digitalización de las carpetas, la posibilidad de realizar las notificaciones por correo electrónico, poniendo fin a los actuales expedientes de papel cosidos a mano.

Fin a las maniobras dilatorias: el proyecto incentiva la litigación responsable, para lo cual contempla diversos mecanismos, como multas, costas, sanciones e indemnizaciones de perjuicios, para quienes recurran a dilaciones indebidas y prácticas abusivas en los procesos.

Ejecución provisional de las sentencias de condena: con el fin de fortalecer la sentencia dictada por el juez civil de primer grado jurisdiccional, el proyecto consagra como principio y regla general, la posibilidad de solicitar el cumplimiento y ejecución inmediata de las mismas, aun cuando existan recursos pendientes en su contra.

FORO CIVIL, CONSEJO ASESOR Y COMISIÓN INTRAMINISTERIAL

La historia del nuevo Código Procesal Civil se remonta al año 2004, cuando el gobierno de la época encargó al Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile la preparación de las bases para la elaboración de un proyecto de ley para un nuevo Código Procesal Civil. Meses después, dicha casa de estudios hizo entrega al Ministerio de Justicia de la “Propuesta de Bases para redactar un Nuevo Código Procesal Civil para la República de Chile”, que contenía los principios rectores y lineamientos básicos para la reforma del sistema procesal civil en nuestro país.

Tras ello, el Ministerio de Justicia constituyó el Foro Procesal Civil (2005), integrado por académicos de diversas universidades, abogados y jueces, que -en 17 sesiones- revisó y estudió dos propuestas para emprender esta reforma, elaboradas por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El trabajo de esta instancia -en la que participaron connotados abogados y académicos- derivó en la redacción de un anteproyecto, encargado al plantel laico. Este texto fue revisado por una Comisión Intraministerial compuesta por los académicos Raúl Tavolari y Cristián Maturana, ambos de la Universidad de Chile, y José Pedro Silva, de la Pontificia Universidad Católica. Dicha labor fue enriquecida con los aportes de un Consejo Asesor, integrado por académicos representantes de las principales universidades del país. Así se llegó a la propuesta que hoy comienza a ser analizada por la sala de la Cámara de Diputados.